El Consejo de Ministros ha acordado desestimar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por veintisiete personas físicas y jurídicas por las fotovoltaicas, cuyo importe total ascendía a 68,11 millones de euros.
En concreto, los reclamantes solicitaban estas indemnizaciones por los daños producidos como consecuencia de la promulgación de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, de diciembre de 2012, y del Real Decreto Ley del 1 de febrero de 2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.
Los reclamantes alegan haber sufrido perjuicios derivados del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica creado por la citada Ley de 2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (LMFSE).