El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un paquete de medidas urgentes que suponen nuevos recortes a las primas de las instalaciones del régimen especial –cuya retribución se calculará ahora siguiendo la fórmula de tarifa regulada- y la actualización de la retribución de las actividades reguladas (transporte, distribución y régimen especial) tomando como referencia el IPC sin alimentos ni energía.
Según defiende Moncloa, la finalidad de esta decisión es «proteger a los consumidores en un contexto de crisis económica y garantizar, al tiempo, la sostenibilidad económica y la estabilidad de ingresos y costes del sistema eléctrico, con el objetivo de no generar déficit de tarifa en 2013».
Adicionalmente, se ha analizado un Anteproyecto de Ley para la concesión de un crédito extraordinario de hasta 2.200 millones de euros al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para financiar las energías renovables.
El Real Decreto Ley 2/2013 es el que recoge los cambios en el sistema de retribución de las actividades reguladas y la fórmula de retribución a las instalaciones del régimen especial y, tal y como considera el Ejecutivo, “permitirá dar estabilidad a la previsión de costes del sistema y ahorrar entre seiscientos y ochocientos millones de euros anuales”.
Desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy justifican las medidas urgentes aprobadas por el incremento constante experimentado por los costes del sistema eléctrico en los últimos meses, “cuestión que se ha puesto de manifiesto en el informe del mes de diciembre emitido por la Comisión Nacional de Energía”, explica la información divulgada por Moncloa.
«Simultáneamente; se ha producido una reducción de ingresos como consecuencia de la bajada de la demanda derivada de la situación económica”, continúa el comunicado difundido. Por tanto, «se han originado una serie de desfases en los costes del sistema con respecto a las previsiones, con lo que se hace necesario adoptar las medidas contenidas en el Real Decreto Ley para contener los costes y, a la vez, dar estabilidad al sistema para evitar en lo posible futuras desviaciones con respecto a las estimaciones”, defienden los responsables del Gobierno.
Hoy por hoy, la retribución por las actividades reguladas como el transporte, la distribución o el régimen especial (costes extrapeninsulares, energías renovables y cogeneración) se actualiza tomando como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC). “Para evitar que estas actualizaciones tengan en cuenta elementos que no tienen nada que ver con el sistema eléctrico, como pueden ser el incremento del IVA o el de los alimentos no elaborados, en lugar de actualización con el IPC, la retribución se actualizará con el IPC a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. La medida supone un ahorro estimado de unos 337 millones de euros anuales”, calculan los técnicos del Ejecutivo.
Adicionalmente, explican que las instalaciones de régimen especial pueden elegir entre dos sistemas retributivos en la actualidad: el precio mercado+prima o la tarifa regulada. En el primer caso, el propietario de la instalación cobra una prima fija y, adicionalmente, el precio que marca el mercado en el «pool» eléctrico. El sistema de tarifa regulada establece un precio fijo a percibir por la instalación. Esta tarifa regulada se financia con el precio del mercado y con la prima que, en este caso, completa al precio del mercado hasta llegar al nivel marcado por la tarifa regulada. Generalmente, las instalaciones escogen cada año en qué sistema quieren estar.
Pero con la aprobación del RDL 2/2013 se establece que la retribución de todas las instalaciones de régimen especial “se lleve a cabo bajo la fórmula de tarifa regulada, salvo que el titular de la instalación decida percibir solamente el precio de mercado (sin prima). La medida trata de evitar la volatilidad de las estimaciones en los costes y tiene un ahorro estimado de entre 250 a 500 millones de euros dependiendo del precio de mercado”, aseguran desde Moncloa.
Crédito extraordinario para las energías renovables
Otro de los asuntos que vieron la luz verde el pasado viernes en el Consejo de Ministros fue el Anteproyecto de Ley para la concesión de un crédito extraordinario por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al Minetur para financiar los costes de las energías renovables en 2013, por un importe máximo de 2.200 millones de euros. “Esta cantidad se integraría en el sistema eléctrico a medida que sea necesario para financiar estos costes”, puntualiza la nota de prensa difundida.
El Anteproyecto de Ley se remitirá al Consejo de Estado para su preceptivo informe y continuará con su tramitación en las Cortes Generales para después ser integrado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013.
Por último, el equipo de Gobierno insiste en su propósito de que “todas estas medidas, junto con las adoptadas a lo largo del ejercicio 2012 (reducción de costes del sistema, Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, entre otras), permitirán equilibrar el sistema eléctrico con el objetivo de que en 2013 no se genere déficit de tarifa sin necesidad de cargar el ajuste en los consumidores a través de la tarifa”.