Fuente: El Mundo
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto sobre autoconsumo, que pretende regular las condiciones administrativas y técnicas del autoconsumo de energía eléctrica.
Esta es una de las últimas piezas del puzzle de la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno del PP a lo largo de la legislatura, manteniendo la contribución a los costes generales del sistema para los autoconsumidores que estén conectados.
La regulación del autoconsumo no ha estado exenta de polémica, con varias versiones del borrador por parte de Industria y una fuerte oposición por parte de sus defensores al llamado ‘impuesto al sol’.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que este real decreto que regula las condiciones para realizar el autoconsumo tiene por objetivo «impulsar la generación distribuida» y «darle un impulso a la utilización de las energías renovables».
El titular de Industria subrayó que el autoconsumidor no pagará el importe de la energía, ni los impuestos, ni los peajes, siempre que la instalación no este «enganchada a la red», pero sí que contribuirá como cualquier otro consumidor a los costes de partidas como el sistema eléctrico, el déficit eléctrico acumulado, los gastos extrapeninsulares, los incentivos a las renovables y los pagos por capacidad.
Asimismo, señaló que el Consejo de Estado había refrendado en su informe el contenido del real decreto y subrayado que era de acuerdo «al marco legal vigente».
En un comunicado, el Ministerio de Industria indica que, en el supuesto de que los consumidores no contribuyeran a estos costes del sistema, «estos deberían repartirse entonces entre el resto de consumidores que no autoconsumen, elevando así su factura», situación que sería «injusta, puesto que los costes generales del sistema nada tienen que ver con el hecho de que se esté autoconsumiendo o no», y «regresiva», ya que serían los consumidores «más vulnerables» los que tienen más dificultades en autoconsumir.
El reglamento reconoce dos exenciones a las que se les exime de estos costes; los pequeños consumidores de potencia contratada hasta 10 kW y las extrapeninsuales (Canarias y Baleares).
En este caso, Soria reconoció que la exención para los territorios extrapeninsulares es necesaria, ya que el coste de producir electricidad en ellos es «hasta cuatro veces superior» a la Península. «Son sistemas que son islas energéticas y el autoconsumo es un sistema de reducir el coste de generación en ellos», dijo.
Según indicó Soria, el nuevo marco para el autoconsumo reconoce dos modalidades, una primera que supone tener una instalación sólo para autoconsumir, que no podrá ser de más de 100 kilovatios (kw) de potencia, mediante la que se podrá verter a la red el sobrante de electricidad pero no podrá ser vendido.
Mientras que la segunda modalidad, para instalaciones de más de 100 kilovatios de potencia, permitirá verter y vender el sobrante, pero para ello se deberá estar inscrito en el registro de productores de electricidad.
A este respecto, el titular de Industria subrayó que el precio al que se comprará la energía será «al precio horario del momento en que se está vertiendo esa energía».
Además, se crea un registro de las instalaciones de autoconsumo para que el operador del sistema y las compañías distribuidoras puedan conocer las instalaciones de generación que existen en sus redes y garantizar así la correcta operación del sistema eléctrico en condiciones de seguridad. El real decreto contempla un plazo de seis meses para que los consumidores, instaladores y demás agentes se adapten a la norma.
El Ejecutivo tenía previsto que el decreto hubiera visto la luz antes del verano, aunque aparcó su decisión final a espera de mejorarlo basándose en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que defendía el cobro de peajes a los autoconsumidores, aunque pedía una «metodología clara» para los cobros que fuera coherente con la de los peajes de acceso.
A este respecto, el real decreto incluyendo el conocido como ‘impuesto al sol’ ha contado con la oposición de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que ha considerado que los cambios introducidos en los borradores de real decreto de autoconsumo por el Ejecutivo eran «cosméticos» y que las empresas de servicios y pymes eran «las más afectadas» con su actual redacción, ya que «carga sobre ellas el mayor peso».
Asimismo, las fuerzas políticas de la oposición mostraron también su rechazo al desarrollo del autoconsumo con barreras y se comprometieron a derogar el real decreto.