Fuente: El Periódico de la Energía
El próximo martes 11 de septiembre se reúnen representantes del Consejo Europeo, Europarlamento y Comisión Europea para debatir en el segundo trílogo la Directiva de Diseño del Mercado Eléctrico. El futuro de las centrales de carbón de todo el Viejo Continente depende de esta normativa, ya que se deberán definir los Mecanismos de Capacidad y los límites de emisiones de CO2.
La Comisión Europea ya presentó su propuesta en 2016, en el ‘paquete de invierno’, y el Parlamento Europeo aprobó la suya en febrero pasado. Ahora la revisión de la Directiva sobre el mercado de la electricidad está en el centro de los debates, y el delicado tema de los mecanismos de capacidad ocupa un lugar central.
Bruselas ya dijo entonces que había que reformar los “mecanismos de capacidad” con los que los Estados miembro remuneran a las centrales eléctricas que permanecen en ‘stand-by’ en caso de un pico de demanda. El argumento es que distorsionan el mercado. Lo consideran subsidios de los gobiernos nacionales que se utilizan para ayudar a las compañías eléctricas a evitar apagones eléctricos, según el texto recogido en el documento “Energía Limpia para Todos (Clean Energy for All)”.
Estos mecanismos existen en Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, España y Suecia, pero la Comisión Europea asegura que hay suficiente suministro eléctrico disponible como para satisfacer la demanda durante las horas punta y que hay que limitar su uso.
También establecía un límite de emisiones de 550 gramos de dióxido de carbono por kilovatio hora para poder participar en esos mecanismos, dando un tiempo determinado a las que recibían esos pagos para adaptarse a las nuevas reglas, lo que en la práctica dejaría fuera a todas las plantas de carbón europeas y daría alas a la expansión del gas y de los ciclos. Estas centrales dejarían de percibir ayudas y por tanto, las empujaría a todas al cierre. En la actualidad, las centrales de carbón emiten unos 900-1000 gr CO2/kWh, mientras que los ciclos se encuentran en los 400-450 gr CO2/kWh y percibirían esos pagos.
Ahora les toca presentar sus propuestas al Consejo Europeo, que representa a los gobiernos de los 27+1 estados de la UE. Y según ha podido saber El Periódico de la Energía, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, apoyará la propuesta de la Comisión Europea en la regulación de los pagos por capacidad. España se alineará con países poco o nada carboneros en su mix energético.
Si sale adelante la propuesta de la Comisión Europea (muy en consonancia con la del Parlamento Europeo) en 2025 deberían haberse cerrado todas las centrales térmicas del país. Incluso las que acometieron inversiones millonarias para encuadrarse en el nuevo marco ambiental.
Su decisión choca frontalmente con la de su predecesor en el cargo, Álvaro Nadal. No solo estaba en contra de poner límites para participar en los mecanismos por capacidad, sino que iba aún más lejos. Llegó a intentar tramitar una normativa que prohibiese el cierre de centrales que no fueran rentables para sus propietarios pero que consideraba ‘necesarias’, planteándose incluso su expropiación.
Pero ¿y qué dicen las eléctricas? Según un informe presentado hace unos meses por Eurelectric, el lobby de las eléctricas europeas, establecer ese límite conllevaría una excesiva inversión en centrales de gas. En total, el consumo aumentaría un 40% entre 2020 y 2040. También dice que serían necesarios 9 GW nuevos de centrales de gas para momentos pico a partir de 2025, pero a la vez quedarían totalmente obsoletas cuando bajen los costes de las baterías y ya no fueran necesarias con el almacenamiento.
Aseguran que el escenario del límite de los 550 g CO2/kWh tendrá un coste para el consumidor final altísimo: 108.000 millones de euros entre 2020 y 2040. El coste de la energía aumentaría en 73.000 millones de euros en ese periodo y los ingresos del mercado de la capacidad de las nuevas plantas en al menos otros 35.000 millones de euros. Además, 20.000 millones de euros de inversiones en nuevas centrales térmicas podrían quedar varados.
El último trílogo está fechado para los días 2 y 3 de diciembre, así que, a no ser sorpresas de última hora, no se conocerá la normativa hasta finales de 2018. Sin embargo, no hay que olvidar que uno de los pesos pesados en las negociaciones es Alemania, el segundo país más carbonero de la UE, solo por detrás de Polonia, y no sería la primera vez que hace alarde de su poder a la hora de definir algunos detalles de las normativas.