El Gobierno español, especialmente a través de su ministro de Industria, José Manuel Soria, está decidido a facilitar que las empresas interesadas exploren los recursos subterráneos de gas de esquisto o gas pizarra que pueda esconder el subsuelo peninsular. Se enfrenta, sin embargo, a un movimiento creciente en contra del fracking (fracturación hidráulica), la técnica que permite liberarlo de la roca a base de inyectar agua a presión junto con arena y productos químicos. Es un procedimiento agresivo, que en algunas explotaciones se ha relacionado con contaminación de acuíferos y actividad sísmica. El Gobierno aprobó ayer remitir a las Cortes el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que entre otras cosas obliga a someter a evaluación de impacto todos los proyectos en los que se use fracking, algo que hasta ahora no se contemplaba. No solo se refuerza el control; también se intenta aplacar, al ofrecer más garantías ambientales, a los críticos.
El Gobierno, por tanto, avanza en el proceso de dar cobertura legal a esta polémica técnica de extracción de gas no convencional. España se ha alineado con países como Polonia y el Reino Unido, que también apuestan por intentar reducir su dependencia energética. El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas presentó hace unos meses un estudio con sus previsiones: calcula que existen recursos de este tipo de gas para 39 años de consumo. Una perspectiva apetecible en un país que importa el 99% de los hidrocarburos que utiliza, pero que tiene a grupos ecologistas y decenas de Ayuntamientos y diputaciones —la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lleva recogidas 103 mociones— en contra.
Europa va a tres velocidades en cuestión de fracking. Mientras hay países como Francia que mantienen moratorias a su utilización —se aprobó en época de Sarkozy, y Hollande la reafirmó—, otros como Polonia ya están extrayendo gas pizarra de forma experimental después de que tres empresas renunciaran al no encontrar suficientes recursos. En un término medio está España: hay voluntad política en el Gobierno central para no dejar pasar el tren energético, pero la investigación aún es muy incipiente. El interés de las empresas sí ha quedado claro. Si hace unos años el Ministerio de Industria solo recibía entre cinco y siete solicitudes para investigar la presencia de hidrocarburos, en 2012 le llegaron más de 70.
Empresas como la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi o las estadounidenses BNK Petroleum y Heyco, agrupadas en la plataforma o lobby Shale Gas España, aseguraron ayer a través de un portavoz que la decisión de hacer obligatoria la evaluación de impacto ambiental completa en los proyectos de fracking “es positiva y ayuda a que haya claridad y transparencia en los proyectos”. También a la hora de invertir, añadió. Según sus previsiones, aún se puede tardar entre cuatro y seis años para empezar con la fase de extracción. Los 70 permisos que hay concedidos actualmente —hay otros 25 solicitados— son únicamente para hacer sondeos sísmicos y perforaciones exploratorias.
Uno de ellos, de febrero pasado, permite a la compañía Oil & Gas Skills perforar un sondeo exploratorio en Hornos de Moncalvillo (Logroño), dentro del área que cubre un permiso de investigación llamado Cameros-2. “El objetivo de la perforación del sondeo es evaluar el yacimiento de gas Viura”, dice la resolución publicada en el Boletín Oficial. Añade que no ha sido necesario someter el proyecto a la evaluación de impacto ambiental. El Ministerio de Industria, que otorga el permiso, no explicó ayer si la nueva ley modificará la situación de proyectos que ya tienen permisos concedidos sin haber pasado por evaluación ambiental. “No creo que tenga carácter retroactivo”, dice Julio Barea, de Greenpeace. “Está claro que el Gobierno apoya el fracking. Nosotros lo que pedimos es que, más allá de evaluaciones pozo a pozo, se estudie en profundidad qué afectación puede tener una explotación masiva que podría ocupar mucho territorio si sigue adelante”, añade.
Frente a la disparidad de opiniones entre los países miembros, la Comisión Europea de momento es cauta sobre el fracking. Asegura que no puede decirles si deben extraerlo o no, pero sí tiene previsto elaborar una normativa que fije cómo hacerlo para evitar el impacto en el medio ambiente.
Una ley para acortar plazos
La nueva Ley de Evaluación Ambiental, cuyo proyecto remitió ayer el Consejo de Ministros al Parlamento, dará que hablar durante su tramitación. Lo que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente considera una mejora —simplificar y agilizar los procedimientos— es para las organizaciones ecologistas un peligro evidente puesto que puede facilitar que se aprueben más proyectos con impacto en el medio ambiente y en menos tiempo. El ministro, Miguel Arias Cañete, explicó ayer que su departamento se ha propuesto dar salida a los 10.000 expedientes que actualmente se acumulan esperando resolución. Aseguró que los retrasos paralizan proyectos que podrían generar 80.000 empleos y 1.000 millones de euros de inversión.
Lo cierto es que, según datos del ministerio, la resolución de proyectos sujetos al procedimiento completo de evaluación ambiental tarda ahora 3,4 años de media, con un máximo de 15,9 años. La ley actual marcaba un plazo de dos años, y la que se discutirá en el Congreso se marca como objetivo cuatro meses. La “reducción de plazos” es uno de los puntos fuertes que subraya el ministerio de Arias Cañete. No así los ecologistas: “Si se acortan los periodos de tramitación y se acelera el proceso nunca va a ser bueno para el medio ambiente”, dice Julio Barea, de Ecologistas en Acción.
“La nueva Ley de Evaluación Ambiental no resuelve los problemas y se lleva a cabo sin correcta participación pública”, criticó ayer SEO/BirdLife, que añadió que la Unión Europea está trabajando en una nueva directiva. “Es una ley reduccionista que busca principalmente acortar los plazos de los expedientes. Eso provocará que difícilmente se cumplan los plazos, lo que empeorará la calidad de los estudios de impacto ambiental. Finalmente, repercute en el medio ambiente”, señaló la organización.
Una de las novedades que destacó Arias Cañete es la creación de “bancos de conservación de la naturaleza”. Se trata de un instrumento voluntario que podrá utilizarse para compensar o reparar los daños al medio ambiente que provoquen los proyectos. Es una fórmula que se utiliza en Estados Unidos, pero poco conocida en Europa. “Los créditos otorgados para cada banco se podrán transmitir en régimen de libre mercado y serán inscritos en un Registro público dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”, asegura el borrador del proyecto de ley fechado el 31 de julio. “Se van a poder comprar créditos en un mercado secundario, lo que supone una mercantilización de la naturaleza”, asegura Juan Carlos Atienza, de SEO/BirdLife. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, explicó ayer que los promotores que deban compensar la pérdida de biodiversidad que provocan sus actuaciones (reforestación, por ejemplo) podrán financiar proyectos ya existentes de ONG o fundaciones. “Antes estas medidas de compensación tardaban o eran de imposible ejecución”, señaló. “Buscamos movilizar recursos privados lo más rápido posible”.