El recibo de la luz subió un 63% entre 2003 y 2012, y desde entonces a la fecha actual lo ha hecho en un 8%, de acuerdo con los datos difundidos por el ministro de Industria, José Manuel Soria, como argumento para justificar la reforma eléctrica aprobada por el Consejo de Ministros a mediados de julio y que ahora se tramita en el Parlamento. La subida es más elocuente si se tiene en cuenta que un hogar medio pagaba de luz 360 euros al año y ahora desembolsa 615. La devaluación interna que tanto ha afectado a los salarios no se ha visto compensada desde luego con la fatídica tarifa eléctrica.
El Gobierno, tanto a través del ministro de Economía, Luis de Guindos, como del citado titular de Industria y demás colaboradores directos de Mariano Rajoy, ha desplegado una campaña de divulgación que permita entender los motivos de fondo de la célebre reestructuración del sector eléctrico. Según Soria, la decisión ha sido “difícil de adoptar, pero mucho más difícil de entender y de asumir por los propios afectados”.
La necesidad del ajuste se mortifica con la obligación de frenar en seco esa ‘bola de nieve’ que es el déficit de tarifa, resultado de unos ingresos del sistema que no cubren los gastos estructurales. Esto produce un agujero de 4.500 millones de euros anuales, que sazonados en el tiempo y aliñados con el correspondiente coste financiero por intereses se traduce en una deuda acumulada de 26.000 millones de euros.
Al ministro de Industria no le duelen prendas a la hora de establecer la peor hipótesis de una situación que el Partido Popular atribuye a la nefasta gestión de los anteriores responsables energéticos de la era Zapatero. En realidad, el déficit de tarifa es un invento de Rodrigo Rato en su etapa de vicepresidente económico con José María Aznar, pero no es menos cierto que las goteras del sistema no empezaron a calar en forma de déficit hasta el año 2004 para reventar las tuberías a partir de 2005, cuando se totalizaron números rojos en el sistema de 4.500 millones de euros.
La reforma del pool eléctrico, a partir de enero
Con estos precedentes y si el Gobierno se hubiera situado de perfil emulando a don Tancredo, a estas horas el sector eléctrico estaría penando con un déficit estructural de tarifa de 10.000 millones de euros cada año, una bomba de relojería que podría llevarse por delante todo el programa de consolidación fiscal en España. La reforma ha supuesto la contención del déficit, pero para ello ha sido necesaria una subida del recibo del 3,2% en agosto más un recorte de los costes regulados de 2.700 millones junto a una aportación presupuestaria de 900 millones más.
El problema de fondo es que la demanda eléctrica no termina de despegar y dentro del mercado existe la sensación de que las orejas al lobo del déficit terminarán apareciendo de nuevo por el horizonte. Cualquier previsión a futuro depende de la evolución económica y de ahí que el Gobierno trate de destacar el dato positivo del PIB en el tercer trimestre, que se espera cerrar con crecimiento del 0,1%. Un pequeño respiro para el cuadro macro que ultiman los técnicos de Economía, pero un argumento político impecable para dar por cerrada la recesión.
El ministro de Industria ha fijado el calendario de la reforma con el objetivo de que entre plenamente en vigor el próximo 1 de enero de 2014. A partir de esa fecha, la Secretaría de Estado que dirige Alberto Nadal dará salida a la reforma del sistema gasista para, acto seguido, presentar la reestructuración del llamado pool o mercado mayorista de electricidad.