Fuente: El Economista
El Pleno del Congreso ha demandado este martes al Gobierno que defienda en el marco comunitario objetivos ‘verdes’ más exigentes, ya que le pide que marque como objetivo un uso de renovables del 40% en 2030 como objetivo nacional y vinculante, así como un 40% de eficiencia energética.
Así, la moción impulsada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y acordada finalmente con el PSOE y Ciudadanos, ha recabado también el apoyo de Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís, UPN, Bildu y Nueva Canarias. El PP, Foro Asturias y Coalición Canaria han votado en contra, mientras que el PNV ha optado por abstenerse.
El texto aprobado incluye otras medidas, como la defensa del acceso «en condiciones de prioridad» a la red eléctrica por parte de aquellas energías renovables, la eliminación de «las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico», y el apoyo a las cooperativas para garantizar su pleno acceso a la red de distribución como productores energéticos.
LOS PAGOS POR CAPACIDAD, «SOLO COMO ULTIMO RECURSO»
Asimismo, también llama a limitar, «hasta su progresiva desaparición», las subvenciones públicas a los agrocombustibles que compitan con la producción alimentaria, cuya progresiva deforestación, señala el texto de la moción, «conlleva elevados riesgos sociales y ambientales en los países menos desarrollados».
Si bien Unidos Podemos había pedido el fin de los mecanismos por capacidad, el texto acordado recoge permitir estos mercados, aunque «sólo como una opción de último recurso». «Sólo deberían permitirse cuando otras soluciones, como las de la demanda, el refuerzo de las interconexiones, o el almacenamiento, sean insuficientes». En todo caso, con un umbral de emisiones en todas las centrales no superior a 550 gramos de CO2 emitidos por cada kilovatio generado.
Otras de las propuestas aprobadas por el Congreso pasan por el establecimiento de «una estrategia transversal contra la pobreza energética» que incluya, entre otras cuestiones, actuaciones de eficiencia y ahorro energético en los hogares vulnerables, y la obligatoriedad de un presupuesto de carbono para todos los países de la UE.
Asimismo, también llama a reforzar cooperación a nivel nacional, regional y municipal, y fijar una tasa de renovación de viviendas «eficientes, saludables y asequibles» del 3% con el fin de alcanzar en 2050 la meta de edificios y barrios «100% pasivos».