Fuente: Expansión
No obstante, ha rechazado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
El Pleno del Congreso ha convalidado, con 248 votos a favor, 77 en contra y 15 abstenciones, el real decreto-ley que recoge el nuevo mecanismo de financiación del bono social y plantea otras medidas de protección para los consumidores vulnerables de energía eléctrica. La Cámara Baja ha rechazado, por el contrario, su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Han votado a favor de la convalidación PP, PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias; se han abstenido Compromís, PNV y Partido Democrático de Cataluña; y han votado en contra Unidos Podemos, ERC y EH Bildu.
Este real decreto-ley, aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre, se elaboró a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que invalidó el sistema de financiación del bono social.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha subrayado que el real decreto-ley resuelve las cuestiones que llevaron al Supremo a anular el sistema anterior. No obstante, el Gobierno presentará antes del 2 de febrero un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Alto Tribunal.
A partir de ahora, el bono social será costeado por todas las comercializadoras y no solo por las que desarrollan también actividades de generación y distribución.
Nadal ha destacado también que existe un «consenso amplio» para que el futuro bono social se base en un criterio de renta. En la actualidad se pueden beneficiar del bono social las familias con todos sus miembros en paro, los perceptores de pensiones mínimas, las familias numerosas y los consumidores con una potencia contratada inferior a tres kilovatios.
Ahora se consideran cuatro tipos de consumidores: los ordinarios; dos clases de usuarios vulnerables, que tendrían distintos niveles de descuento en la tarifa regulada; y una categoría de consumidores especialmente vulnerables, atendidos por los servicios sociales, a los que no se podrá cortar la luz.
En este último caso, el coste de los impagos para evitar el corte de suministro será cofinanciado por las eléctricas a través del bono social.
Nadal ha destacado que las compañía eléctricas estarán obligadas a comunicar la situación de impago a los consumidores y contactar con los servicios sociales para ver si entran en la categoría de «extremadamente vulnerables». Además, se ampliará de dos a cuatro meses el periodo de aviso en el caso de los consumidores vulnerables.
El titular de Energía ha recordado también que el real decreto-ley también pretende aumentar la protección al conjunto de los consumidores mediante la mejora de la normativa sobre comercialización.