Fuente: Cinco Días
La guerra que tiene enfrentados al Gobierno y a las eléctricas a cuenta de las centrales térmicas de carbón ha dado un giro inesperado. La actual situación política, con una moción de censura presentada por el PSOE y la retirada del apoyo al Ejecutivo de su socio de legislatura, deja en el aire las propuestas legislativas que en estos momentos están en marcha.
Entre ellas, la proposición de ley por la que el Ministerio de Energía quiere endurecer el cierre de centrales de generación eléctrica, iniciativa ideada para evitar la clausura de las de carbón. La propuesta se encuentra en fase de tramitación en el Congreso, donde fue presentada hace un mes, y en pocas semanas debe o debería pasar al pleno de la Cámara para su toma en consideración y ser debatida y votada.
Sin embargo, la proposición de ley está tan en la cuerda floja como el resto de iniciativas. Dada la composición actual de la Cámara y la mayoría simple del grupo que apoya al Gobierno, la medida legislativa que llevaría al Ministerio de Energía a aducir razones económicas o medioambientales, además de las ya previstas de seguridad en el suministro, para oponerse al cierre de las centrales de carbón tiene muy poco recorrido.
Nadie quiere augurar lo que va a pasar ni nadie “quiere meterse en política”, pero los números están ahí y no cuadran. Si la proposición de ley no es aprobada, empresas como Iberdrola, Endesa o Gas Natural Fenosa podrán llevar a cabo unas clausuras hace tiempo diseñadas y acabar con la generación eléctrica con carbón más pronto que tarde.
Radiografía actual
En 2017, el carbón supuso el 17,4% de toda la electricidad generada en España. Según datos de la operadora Red Eléctrica Española (REE), es la tercera fuente de energía detrás de la nuclear y la eólica. Ha tenido picos de subida, pues el año pasado creció su aportación al mix energético un 3,6% en relación a 2016 debido a la falta de agua, pero el carbón es muy contaminante y su producción no compensa.
Iberdrola fija en menos de un 1% lo que produjeron sus dos centrales de carbón, en Lada (Asturias) y en Velilla de Río Carrión (Palencia), respecto a la capacidad total de electricidad nacional. Por eso quiere cerrar ambas plantas y espera que el Ministerio de Energía le dé un visto bueno que no llega, pues en junio va a hacer siete meses de la solicitud de cierre de la central palentina. Su presidente, Ignacio Sánchez Galán, ha declarado que hay que ser coherentes con la legislación europea y reducir las emisiones de carbono a la atmósfera.
En Gas Natural Fenosa también aguardan noticias. En estos momentos esperan la autorización de Energía a la solicitud administrativa que les enviaron hace un año para cerrar la central térmica de carbón de Anllares, en la provincia de León. Sobre el resto de las que posee, La Robla (León), Narcea (Asturias) y Meirama (A Coruña), no hay planes inmediatos pero tampoco “el consejo de administración de Gas Natural Fenosa ha tomado ninguna decisión sobre las inversiones adicionales necesarias para cumplir la directiva europea de emisiones industriales”.
En Endesa, la situación es muy parecida. Sus centrales de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) están en el punto de mira de la compañía, si bien esta no ha tomado ninguna decisión al respecto. De acuerdo con su socio italiano Enel, la empresa quiere invertir en carbón importado, menos contaminante y con más poder calorífico que el nacional.
Al igual que las dos plantas de Iberdrola, las pertenecientes a Endesa funcionan desde hace años con una producción mínima y tampoco cuentan a la hora de planificar las inversiones presentes y futuras.