Fuente: El Periódico de la Energía
El tiempo del gobierno de Pedro Sánchez tiene las horas contadas, y con él todas las medidas que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pretendía implementar en los próximos meses. La fecha del 28 de abril día para unas elecciones generales podría paralizar toda la ‘reforma Ribera’, todas las medidas que ha ido anunciando desde que llegó a su cargo en junio pasado.
Pero no todo está perdido, como el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que ya se ha anunciado que se entregará a Bruselas el próximo 22 de febrero. Según fuentes del sector eléctrico, una vez que esté en Europa, si cambia el signo político del nuevo gobierno, habría que “pelearlo mucho para cambiarlo”.
También seguiría vigente el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que fue convalidada en el Congreso. Sería válido el texto íntegro aprobado por el Gobierno porque no daría tiempo a incorporar las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios, así como el RDL de medidas urgentes para la minería del carbón y el desarrollo de las comarcas mineras.
Según fuentes jurídicas consultadas, el Real Decreto de Autoconsumo también podría salir adelante, “el texto está muy maduro y la tramitación está muy avanzada, así que por plazos, le daría tiempo al Consejo de Ministros a aprobarlo”.
Sin embargo hay una serie de proyectos que se quedarían en el cajón. Si se convocan las elecciones para el 28 de abril, obligaría al Gobierno a disolver las Cortes el 5 de marzo y convocar las elecciones la semana que viene, el próximo 19 de febrero, para cumplir los 54 días que establece la ley.
A quienes más les van a perjudicar este proceso es al sector de las renovables. Se quedaría en suspenso el RD de Acceso y Conexión a redes, una normativa que esperaba como agua de mayo para dar vía libre a todos sus proyectos y comenzar con su construcción. Con él, se aprobarían los criterios para la concesión de los permisos de acceso y conexión de los nuevos proyectos renovables.
También quedarían sin regular las futuras subastas de renovables que el gobierno pretendía convocar todos los años para alcanzar la cifra de 50.000 megavatios (MW) ‘verdes’ de aquí a 2030 y conseguir así el objetivo del 35% de renovable de la energía final para ese año.
La otra medida que se vería afectada sería la de la suspensión del Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), , el impuesto del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica en activo durante seis meses (de octubre de 2018 a marzo de 2019). De esta manera, el 31 de marzo, con un gobierno en funciones, debería decidir si mantener o finalizar la suspensión. Todo indica que la recaudación por los derechos de emisión del CO2 permitirían continuar con esa suspensión hasta nueva orden.
Y por último, queda pendiente la retribución a las renovables. En enero, el gobierno devolvió a Competencia la facultad para aprobar las retribuciones de transporte y distribución de gas y electricidad, y precisamente ayer, el Congreso de los Diputados convalidaba ese real decreto ley para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa europea, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes. Por lo que “queda en manos de Competencia definir cuáles serán a partir de 2020, y por tanto no nos afectarán los cambios de gobierno”, añaden las fuentes del sector eléctrico.