Fuente: El Confidencial
El acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado firmado entre el Gobierno y Unidos Podemos incluye acabar con los «beneficios caídos del cielo» de las eléctricas. Se trata de una sobrerretribución que percibe la energía hidráulida -y en menor medida la nuclear- y que engorda los beneficios de las eléctricas. Desde hace más de una década, expertos próximos al PSOE llevan denunciando esta anomalía del mercado, que permite a una central hidráulica construida en época franquista y cuyo combustible es el agua -un bien público- cobrar el kilovatio al precio de una central de gas recién construida. La aprobación en el Congreso no será sencilla.
El pacto incluye firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias incluye un punto que va directamente contra la cuenta de resultados de las eléctricas. Los dos partidos se comprometen a «realizar los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como ‘beneficios caídos del cielo’) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente».
Aunque no las enumera, estas tecnologías son la hidráulica y la nuclear, cuyas centrales fueron construidas hace décadas. Además, en el caso de la hidráulica funcionan con un bien público como el agua que utilizan en concesión a cambio de un canon menor. El acuerdo detalla que «fueron instaladas en un marco regulatorio anterior a la liberalización y han recuperado sobradamente sus costes de inversión».
Esta idea, que las centrales están más que amortizadas y que por tanto tienen que cobrar un precio más bajo al de mercado, ronda desde hace años a economistas próximos al PSOE como Jorge Fabra, hoy consejero del Consejo de Seguridad Nuclear a propuesta de este partido. Altos cargos del Gobierno como la ministra Teresa Ribera o el director del IDAE, Joan Herrera, han defendido tradicionalmente acabar con este sistema. Aunque el Gobierno ya estudió ir contra la hidráulica, finalmente no fue al decreto ley para abaratar el precio de la luz y quedó para una reforma posterior. El acuerdo con Podemos pone por primera vez por escrito el compromiso.
El mercado eléctrico mayorista hace que todas las tecnologías cobren al mismo precio, que lo marca la más cara en ese momento. El resultado es que, por ejemplo, una hidroeléctrica construida en los años 50 por el Estado y operado por una empresa privada cobre el kilowatio al mismo precio que una moderna central de gas que tiene que importar de Argelia el combustible. En el último año, además, se ha sumado la subida del CO2, que ha arrastrado a máximos al precio de la luz.
La organización del mercado, que es similar en la mayoría de países de la OCDE, hace que cuando llueve poco sube el precio de la luz porque escasea la hidráulica. Pero este año la situación es paradójica. Entre enero y agosto, la producción hidráulica fue un 51% superior a la del mismo periodo del año anterior. Y sin embargo, el precio mayorista llegó a niveles récord.
La existencia de estos beneficios extra ha sido denunciada desde hace años por un grupo de expertos. El ‘Libro blanco de la electricidad’, encargado por el Gobierno del PSOE en 2005, ya advertía de que había un «desequilibrio muy fuerte en contra de los consumidores, a la vista de los amplios márgenes previsibles de explotación de las tecnologías hidráulica y nuclear» y proponía «neutralizar los ingresos sobrevenidos [‘windfall profits’]».
El ministerio de Industria siempre se negó a abordar esta reforma con el argumento de que el mercado era igual en toda la OCDE y además siempre surgía un incendio más urgente en el sector eléctrico. Ahora, el equipo del PSOE que lo denunciaba está al mando de la cartera de Energía con la creación del Ministerio de Transición Ecológica. El acuerdo entre el Ejecutivo y Unidos Podemos no deja cerrada para atajar los beneficios eléctricos. «Una posibilidad podría ser establecer un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico. La diferencia entre el precio del mercado y ese límite se considerará un ingreso del sistema eléctrico y será destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores».
Como el diablo está en los detalles, dependerá de en cuánto quede fijado ese límite para ver el impacto que puede tener en las eléctricas. La hidráulica es una de las fuentes más lucrativas para las empresas. Como ejemplo, Iberdrola acusó un impacto de 400 millones de euros en ebitda en 2017 por la sequía. La más afectada sería Iberdrola, que controla casi 10.000 megavatios de los 20.000 MW de potencia que hay en España. Tras ella están Endesa, Naturgy y otras como Acciona o Villar-Mir Energía.
Al cuerdo aún le queda recorrido. Faltan muchos grupos parlamentarios que deben apoyarlo y las eléctricas han demostrado históricamente gran capacidad de persuasión. Iberdrola, cuya sede fiscal está en el País Vasco, ha tenido tradicionalmente buena sintonía con el PNV. Lo mismo ha ocurrido con Naturgy y el PDeCAT (aunque el independentismo ha podido estrechar esos puentes). Y los votos de PNV y PDeCAT son imprescindibles para los Presupuestos -o para cualquier reforma- una vez descontado que no habrá apoyo de PP ni de Ciudadanos.