La inversión pública en eficiencia energética en EEUU alcanzó los 5.000 millones de euros en 2015, mientras que en la UE fue más de 30 veces inferior, quedándose en 150 millones, según denuncian las patronales europeas del ramo, entre las que se halla la española Asociación de Empresas de Mantenimiento y Servicios Energéticos (AMI).
La razón de tan escandalosa diferencia estriba en un criterio contable de la UE que perjudica el modelo de negocio de las Empresas de Servicios Energéticos (ESE) aplicado a los inmuebles de la Administración.
Una ESE es una firma que, tras acometer una auditoría energética, garantiza a sus clientes unos ahorros concretos y financia las actuaciones necesarias para conseguirlos gracias a esos ahorros, es decir, el cliente de una ESE únicamente avala a la entidad financiadora que ésta va a recuperar lo prestado, porque el capital se obtiene con el ahorro conseguido, muy superior a la inversión inicial.
Así lo entienden, desde 1992, en EEUU, donde la contabilización de la inversión de la Administración en eficiencia energética a través de una ESE tiene en cuenta los ahorros que se van obtener y se puede dejar fuera del balance. Tan bien funciona el sistema -lo reforzaron en 2007, con la Energy Independence and Security Act- que la inversión pública estadounidense en la materia ascendió el año pasado unos 5.000 millones.
Computa como déficit
En la UE, por el contrario, un criterio contable de Eurostat -recogido en el Reglamento UE 549/2013- obliga a incluir en el balance de las administraciones el valor del activo sobre el que se van a adoptar medidas de eficiencia energética.
Y este activo, al ser un inmueble, dispara contablemente el monto de las actuaciones -aunque se vayan a amortizar por sí mismas- y choca con el vigente límite del 3% de endeudamiento fijado para las entidades públicas, impidiendo, de facto, que puedan reducir su consumo de energía y la consiguiente partida de gasto.
El resultado es que en una UE con no pocos países incurriendo en déficit, la inversión pública en eficiencia energética sólo llegó a 150 millones el año pasado.
Lógicamente, las patronales europeas claman contra ese criterio contable que, además, socava el precepto legal de que todos los años se rehabilite un 3% de los inmuebles públicos desde 2014. Según los datos de AMI, cumplir con este mandato en España, donde las licitaciones se cortaron en seco en 2012, aportaría a la economía unos 900 millones anuales y generaría más de 3.700 empleos.
Fecha clave: el 30 de noviembre
El 30 de noviembre se reúne el comité de Eurostat que fija la metodología contable del déficit con los representantes de los socios comunitarios. Las patronales europeas han transmitido el problema existente en el ámbito de la eficiencia energética a la entidad -al igual que a varios departamentos de la Comisión- y se están barajando dos soluciones: una, a corto plazo, consiste en que los edificios no se consideren el activo objeto de la inversión; la otra, a largo, cambiar al sistema de EEUU y permitir que en el balance también se consideren los ahorros que se obtendrán al terminar las obras. No obstante, para adoptar cualquiera de las dos hace falta que lo pidan los Estados.
Fuente: El Economista