Fuente: Cinco Días
Los usuarios abonan por los pagos por capacidad casi el doble de lo que cuesta, según la CNMC.
El mayor logro en materia energética de la primera legislatura Rajoy ha sido acabar con el casi estructural problema del déficit de tarifa eléctrica. El artífice es el anterior secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, actual secretario de Estado de Presupuestos. Su mejor baza fue ser ajeno al sector y a su regulación. Parafraseando a Jean Cocteau, “lo consiguió porque no sabía que era imposible”.
Siendo eminentemente pragmáticos, sin entrar a valorar las medidas aplicadas ni tampoco otras que se quedaron en el tintero, lo relevante es que se ha taponado la hemorragia. Se ha conseguido la suficiencia de ingresos –vía peajes y presupuestos generales– para cubrir los gastos regulados– redes y energías limpias, entre otros. Una tranquilidad muy conveniente para diseñar la política 3.0 que nos permita competir en Europa (inversiones, mercados, regulación).
Todos los años entre 2000 y 2013, hubo déficit de tarifa, según datos de la CNMC, variando entre los 70 millones de 2003 y los casi 6.300 millones de 2008. En total, 40.000 millones de euros de déficit de tarifa acumulado en esos 14 años. Y una deuda pendiente que hoy ronda los 23.000 millones y que habrá que seguir pagando hasta finales de la próxima década (más sus intereses).
Con la reforma de 2013, se ha invertido la situación y, en estos últimos tres años, se ha amasado un superávit de tarifa de 910 millones de euros: 550 millones en 2014, 250 millones en 2015 y, previsiblemente, 110 millones en 2016.
De manera esquemática, los costes regulados que soporta el sistema pueden considerarse de dos tipos:
– Relacionados con el suministro: las redes de transporte y distribución (incluidas las pérdidas) y la denominada Recore: retribución específica de la generación renovable y eficiente. Redes y Recore se llevan unos 14.000 millones de euros, casi al 50%. Aquí incluiríamos también a la CNMC (20 millones).
– No relacionados con el suministro (y que podrían sacarse de los peajes): la anualidad de la deuda pendiente (unos 2.800 millones) y el sobrecoste de los TNP –territorios no peninsulares, Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla– (incluidos ajustes de años anteriores). La partida solidaria con los TNP es la más volátil y la más difícil de estimar: que los 570 millones previstos para 2017 alcancen o no los 900 millones que costó en 2015 dependerá del precio del petróleo y del cambio euro/dólar. Su efecto lo pagaremos diferido en 2018.
Análogamente, los ingresos regulados pueden englobarse en dos grandes grupos:
– Peajes y asimilados: pagados por consumidores y generadores, las interconexiones, la reactiva y los excesos de potencia. Su recaudación roza los 14.000 millones, sensible a la demanda consumida y a la potencia contratada.
– Presupuestos Generales del Estado: este año, la previsión supera los 3.100 millones, incluyendo, entre otros, el canon hidráulico y los derechos de CO2.
Por otra parte, los pagos por capacidad son el único coste regulado que tiene cuentas individualizadas, de ingresos y gastos. Lo reciben algunas centrales de generación por estar disponibles; lo pagan todos los consumidores.
Los consumidores pagan por él casi el doble de lo que cuesta, según las liquidaciones de la CNMC. Así, en los últimos tres años (2014, 2015 y 2016), los consumidores han pagado 2.880 millones; mientras que los proveedores apenas han recibido unos 1.480 millones.
«¿Debería usarse el superávit para amortizar la deuda pendiente o devolverse el exceso cobrado?»
Un sobrecoste de 1.400 millones por pagos de capacidad en los mismos tres años en que ha habido un superávit de tarifa de 910 millones. ¿Debería usarse el superávit para amortizar aceleradamente la deuda pendiente? ¿O debería devolverse el exceso cobrado de más? Y en este caso, ¿se produciría entonces déficit de nuevo?
Para 2017, el Ministerio de Energía ha propuesto de nuevo que los consumidores paguen de más por el servicio de capacidad: 725 millones por algo que solo cuesta 390 millones. Un sobrecoste de 325 millones (+83%) para un superávit previsto de 159 millones (incluido el fondo de contingencia). ¿Podrían ahorrárselo los consumidores sin efectos secundarios?
El superávit de tarifa tiene una dependencia insana del sobrecoste de los pagos de capacidad, un servicio además bajo la lupa de la Comisión Europea en todo el continente.
Este sobrecoste que apuntala el superávit es un incentivo perverso, que hace difícil convertir los pagos por capacidad regulados en un mecanismo competitivo, como ya se hizo en 2014 con la interrumpibilidad; servicio muy similar, cuyos proveedores son las grandes industrias. 550 millones que adelgazaron los peajes y que ahora se pagan vía mercado. Para hacer lo mismo con los pagos por capacidad, habría que revisar los peajes o asumir de nuevo el riesgo del déficit eléctrico.
El informe de la CNMC a la propuesta de orden de peajes este año será muy relevante, por la versatilidad de diversos conceptos y variables de partida, como la retribución de las redes, la previsión de la demanda, el precio del petróleo o los pagos por capacidad; así como por la inclusión de un fondo de contingencia y de una estimación de cobros por fraude.
La suficiencia de ingresos no solo no debe estar reñida con la eficiencia económica sino que ambas deben ser complementarias. Y los peajes deben ser cada vez más livianos, dejando al mercado lo que pueda y deba ser resuelto por el mercado.