La subasta para la compra colectiva de electricidad organizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no va por buen camino. Ni grandes eléctricas ni pequeñas comercializadoras han presentado oferta. No ha sido suficiente el reclamo de los más de 477.000 consumidores inscritos para hacer que las compañías presentaran alguna propuesta.
El día fijado para la subasta era el 16 de octubre. Sin embargo, la OCU decidió aplazar la puja después de que Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Eon decidieran no acudir. Tampoco las comercializadores independientes de electricidad, agrupadas en la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), presentaron ayer oferta.
Las tres grandes eléctricas, algunas de ellas tras haber sopesado su participación, han decidido finalmente no participar en la compra colectiva de luz debido a las comisiones incluidas entre las condiciones y al escaso margen para realizar ofertas que mejoren la Tarifa de Último Recurso (TUR).
Tampoco lo han hecho las pequeñas comercializadores de ACIE. Desde esta asociación han lamentado que la regulación actual les impida acceder en igualdad de condiciones a los clientes domésticos, a los que suministran de forma mayoritaria las eléctricas convencionales. Según explican, las independientes disponen de una baja penetración en el sector doméstico de la electricidad, debido a que en 2009 la regulación solo permitió a las cinco eléctricas de Unesa, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Eon, suministrar la Tarifa de Último Recurso (TUR). A esta circunstancia se suma el coste de captación comercial de los comercializadores independientes, en el que las comercializadoras de último recurso no han tenido que incurrir al beneficiarse de la “asignación automática” de clientes a tarifa de 2009.
Entre las grandes eléctricas, Endesa había sido la que mostró más interés por la subasta. La compañía ganó la subasta de Portugal, donde había 600.000 inscritos, aunque de esta cifra apenas acabó cerrando contratos con unos 49.000, lo que contrasta con lo ocurrido en países como Holanda, Luxemburgo o Inglaterra, donde las iniciativas de ‘switching’ suelen captar a entre el 25% y el 40% de los interesados y los ahorros alcanzan de media los 100 euros anuales.
Margen de las comercializadoras
En España y en Portugal el margen de los comercializadores es menor, explican fuentes empresariales a Europa Press, y apenas permite ahorrar hasta 20 euros anuales con respecto a la TUR. Ante esta situación, la principal petición de las eléctricas para participar en la subasta era que se les permitiese competir también en los servicios de valor añadido, aspecto que no ha sido tenido en cuenta.
A la actual dificultad para competir con la TUR, “porque no hay una liberalización real”, se suman las comisiones de la empresa que gestiona la plataforma de ‘switching’, PriceWise, que reducen el escaso margen para competir. Tras las quejas recibidas, esta empresa ha llegado a rebajar las comisiones iniciales.
Otro de los aspectos que habrían considerado positivo las empresas es la posibilidad de que las contrataciones con los clientes de la plataforma de OCU pudiesen realizarse a través de correo electrónico e Internet, lo que evita el gasto en cartas y llamadas.
Pequeñas empresas
ACIE ha señalado apoya en todo caso la puesta en marcha de una subasta para el suministro a los clientes domésticos, como ya ha trasladado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, si bien indica que las características de la puja organizada por la OCU les generan demasiados riesgos.
En concreto, cita los riesgos acerca del volumen subastado, impreciso en el momento de formulación de oferta, y del historial de impagos de los consumidores adheridos, así como el relacionado con la volatilidad del precio del mercado entre el día de presentación de la oferta y el de aceptación de la misma, que podría dilatarse durante un periodo superior a dos meses.
Estos riesgos “impiden que los comercializadores independientes puedan competir con los comercializadores tradicionales”, indica ACIE, que en todo caso “queda a disposición tanto de la OCU como del Ministerio de Industria para desarrollar mecanismos que permitan que los comercializadores independientes puedan acceder al cliente doméstico”, lo que favorecerá la competencia o optimizará los costes energéticos.