No hubo una “burda manipulación”. O, si la hubo, no fue burda, porque no dejó huella. Los técnicos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han concluido la investigación sobre la subasta eléctrica del mes pasado, que anticipaba una subida de la luz del 11% y fue anulada por el superregulador al detectar “circunstancias atípicas”. El informe final, que reitera que hay problemas técnicos con el diseño de las subastas, destaca que el día en que se celebró la puja anulada se produjo un tirón inusual en los precios. Pero no aprecia prueba alguna de manipulación, la condición para abrir expediente sancionador por concertación o infracciones contra la competencia.
El que habló en caliente de “burda manipulación” tras el resultado de la subasta fue el ministro de Industria, José Manuel Soria, aunque luego moderó el tono de sus intervenciones. Ya el informe inicial de Competencia que sirvió para invalidar la subasta eludía cualquier mención a una manipulación y se amparaba en “circunstancias atípicas” de carácter técnico.
El informe final, que será estudiado por los consejeros de la CNMC el próximo martes, insistirá en esos factores técnicos, pero pondrá más énfasis en el problema general de diseño de la subasta, que ya había sido denunciado numerosas veces por la Comisión Nacional de la Energía (ahora integrada en la CNMC) sin que el Gobierno le prestase oídos. La polémica subasta se llevó a cabo el mismo día en que el Parlamento aprobaba la reforma eléctrica del Gobierno, en la que volvió a dejarse intacto el mecanismo de la subasta de contratos de energía para el suministro de último recurso (Cesur).
Entre las circunstancias atípicas que ya expuso la CNMC al anular la subasta, se destacaba un volumen de oferta inferior al de otras pujas similares, una retirada más temprana de buena parte de los ofertantes, o que el final de la puja fuera en la séptima ronda, cuando siempre se había llegado como mínimo a la duodécima: el sistema es de subasta a la baja, con lo que una pronta retirada hace que baje menos el precio.
Competencia ya subrayó que el precio base resultante de la subasta Cesur (61,83 euros por megavatio hora) fue un 7% superior a referencias de precios fijadas el día anterior en los contratos equivalentes en los mercados de futuros. Esta diferencia entre el precio del producto base subastado en Cesur y las referencias de los mercados a plazo ha sido la más elevada de las registradas en las últimas diez subastas, cuyo diferencial no superó en ningún caso el 2%. El informe final constata además que el precio volvió a caer con fuerza en esos contratos de futuros tras la puja, lo que terminó por dibujar un pico inusual en la subasta que fija lo que pagan los consumidores por la luz en el tramo liberalizado.
Los técnicos de Competencia, sin embargo, no aprecian evidencias de que ese pico y el resto de factores inusuales fueran consecuencia de un pacto entre los participantes en la puja. Fuentes cercanas a Competencia precisaron que obtener pruebas de ese tipo de conductas es muy difícil, especialmente cuando los protagonistas de la subasta fueron sobre todo bancos de inversión e intermediarios internacionales.
Fuentes del sector eléctrico, muy crítico con la acusación de manipulación del ministro Soria, oponen que la menor presión competitiva en la subasta pudo deberse a que el precio de partida fue más bajo de lo recomendable o a que los operadores financieros hayan incorporado una prima de riesgo mayor ante la incertidumbre regulatoria que envuelve al sistema eléctrico. Además, subrayan que los representantes de la CNMC que siguieron la subasta en directo no detectaron ninguna irregularidad.
La subasta, en todo caso, ha quedado anulada, y ahora tanto Competencia como Industria trabajan en una nueva fórmula para volver a fijar los precios con criterios de mercado y no mediante la intervención gubernamental, que finalmente limitó la subida de la luz en enero al 2,3%.
Por otro lado, el Ministerio de Industria calcula que el sistema eléctrico ingresará 14.493 millones en 2014 a través de los peajes que se cobran a los consumidores para financiar actividades no liberalizadas, un 5,8% más que en 2013. La subida media de peajes, que incorpora el impacto financiero del déficit de tarifa de 2013 (3.600 millones, según el último cómputo oficial), será este año del 1,9%. Además, se incluye el efecto en 2014 del alza de peajes del 6,5% aprobada en agosto pasado.
Industria prevé que el déficit de tarifa será de 98 millones este año, entre otras cosas porque el gasto en las primas a renovables y cogeneración bajará un 18%.