En su «Informe sobre la evolución de los costes en los mercados de operación del operador del sistema eléctrico», elaborado a petición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comisión Nacional de Energía (CNE) afirma que «en los últimos años se ha incrementado la repercusión del sobrecoste de los mercados de operación en el precio final del mercado. En 2009, representaba unos 700 millones de euros, mientras que en 2012 esta partida alcanzó los 1.200 millones». Esta evolución supone un incremento del 71 % respecto a los datos de 2009 que se debe, principalmente, al incremento del coste en las «restricciones técnicas al programa resultante del mercado diario; la reserva de potencia adicional a subir; la banda de regulación secundaria; el mecanismo de resolución de restricciones técnicas en tiempo real y los servicios de ajuste en el cierre de energía del sistema», matiza el documento.
Asimismo, los especialistas del regulador explican en el informe que, de forma «general y sistemática», no se producen subidas de precios en los mercados mayoristas en los días previos a las subastas Cesur entre comercializadoras de último recurso, si bien sí se han apreciado «episodios puntuales» antes de la celebración de alguna de ellas.
Los técnicos de la entidad que preside Alberto Lafuente señalan que los incrementos del sobrecoste de operación detectados han tenido un efecto alcista del 8 % en el precio medio final del mercado en 2012 y del 6 % en 2009, lo que «ha tenido un impacto relevante en los resultados de los comercializadores independientes».
Por otra parte, los profesionales del regulador recuerdan que los mercados de operación actuales fueron diseñados en un contexto energético muy distinto al actual y estiman necesaria «una revisión de la normativa de los mercados de operación que tenga en cuenta las circunstancias actuales». En este sentido, el Consejo de Administración de la CNE ha acordado crear un grupo de trabajo junto a los agentes del mercado, el operador del mercado y el operador del sistema para analizar esta cuestión. Además, se reclama un mecanismo de incentivos al operador del sistema con el fin de garantizar la seguridad del suministro y, al mismo tiempo, minimizar el coste de la programación de los servicios de ajuste.
Restricciones técnicas
En otro orden de cosas, la CNE ya tiene abierto un expediente en el que investiga el comportamiento de las centrales térmicas que han reducido su contribución hasta niveles inferiores al mínimo técnico en zonas donde puedan existir problemas técnicos por la menor demanda o la mayor contribución de las renovables.
Desde agosto del año pasado, aclara el documento publicado en la página de Internet del regulador, el coste unitario de este mecanismo se ha incrementado significativamente como consecuencia de estas actuaciones de algunas centrales. No obstante, los expertos de la CNE dudan de la posibilidad de imponer multas, ya que «la conducta presenta problemas importantes para su subsunción en un tipo sancionador». Pese a ello, reclama a Industria la revisión de los programas de operaciones para evitar estas prácticas y pide a REE que analice alternativas sobre la aplicación de estos procedimientos.