Fuente: El Economista
El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, ha afirmado que «es incompatible» y «no se puede pedir simultáneamente una industria fuerte en Europa con precios adecuados para la energía y, a la vez, prohibir cualquier tipo de exploración de hidrocarburos» como el ‘fracking’, método de extracción de gas no convencional rechazado en varias comunidades, como Cantabria.
Así, ha recordado que las empresas cántabras «tienen dificultades para competir en los mercados internacionales porque el precio de la energía no es suficientemente competitivo y al mismo tiempo impidiendo que España conozca cuáles son sus recursos energéticos», tal y como ha señalado en declaraciones a los medios y en su intervención en la jornada inaugural del encuentro ‘El futuro y la financiación de la energía: convergencia de tecnología, mercado y regulación’, que se celebra esta semana en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha defendido que esta comunidad autónoma «no es el lugar» para realizar prospecciones de ‘fracking’ y ha pedido «respetar la decisión unánime» de los 35 diputados de la región, incluido el PP cántabro, que en abril del año 2013 aprobó una ley para no realizar este tipo de proyecciones y que el Tribunal Constitucional tumbó en junio del 2014.
De esta forma, Revilla ha negado ante el secretario de Estado la posibilidad de que haya ‘fracking’ en Cantabria debido a la orografía de la comunidad. «El fracking no lo queremos porque hay estudios que dicen que puede tener consecuencias», ha manifestado Revilla, quien ha destacado que esta región es «solidaria» en ámbitos como el agua.
Preguntado por la prensa acerca de la solicitud de Ecologistas en Acción Cantabria para conocer si el Ministerio ha prorrogado un permiso que «amparaba» la extracción de gas no convencional mediante la técnica de fractura hidráulica en la zona de Valderredible, Nadal ha reconocido que no conoce la «situación administrativa concreta» de ese expediente, pero que se sigue el «estricto cumplimiento de los procedimientos».
Cuestionado también sobre la posición en contra del ‘fracking’ de la sociedad y el Parlamento de Cantabria, el secretario de Estado ha expresado que comprende «la preocupación por proteger una comunidad autónoma tan bonita como Cantabria y que nadie quiere verla estropeada en ningún caso».
«Pero, simultáneamente, tenemos peticiones continuas a la Secretaría de Estado de Energía del Gobierno de Cantabria y de los ayuntamientos de la región pidiéndonos que ayudemos a empresas cántabras que están teniendo problemas porque los costes energéticos son muy altos», ha explicado.
En este sentido, ha indicado que «ambas cosas son incompatibles» porque «no podemos tener la energía más cara del mundo y luego querer que nuestras industrias permanezcan en territorio español». «Todo tiene un coste. Entonces, tenemos que evaluar en cada momento qué es lo que merece la pena», ha zanjado.
Asimismo, ha aclarado que «nadie está planteando hacer ningún tipo de actividad energética o industrial cerca de zonas protegidas o cercana a zonas donde pudiera existir el mínimo riesgo para la población» y que en la actualidad hay estudios geológicos para ver si existe o no recurso en el territorio, pero ha añadido que «no es menos cierto que Europa está corriendo el riesgo de desindustrializarse».
A este respecto, ha incidido en que España es «el único país del mundo que no está buscando hidrocarburos, salvo Francia, pero en Francia tienen un 75% de energía nuclear», al tiempo que ha destacado que «todo el Mediterráneo está buscando hidrocarburos tanto convencionales como no convencionales», en referencia a países como Dinamarca, Chipre, Israel, Grecia o Croacia.
Conocer la «riqueza» del subsuelo y buscar «beneficios»
Por ello, Nadal aboga por «lo primero, conocer cuál es nuestra riqueza en el subsuelo, saber qué es lo que tenemos; en segundo lugar, qué es lo que habría que hacer para obtenerla y si merece la pena; y, en tercer lugar, que se beneficien no solamente las empresas energéticas, sino también el conjunto de comunidades que estén próximas a la actividad».
«Esto sería lo que, en nuestra opinión, es una política sensata. Primero, ver lo que tenemos. Segundo, ver si merece la pena sacarlo teniendo en cuenta todas las consideraciones, incluidas las medioambientales. Y, en tercer lugar, beneficiar al conjunto de la población», ha manifestado Nadal.
Finalmente, ha asegurado que «pasa lo mismo con la energía nuclear», que, según ha precisado, aporta un 20 por ciento de la producción eléctrica en España. «Si desapareciera de la noche a la mañana, el coste de la energía subiría entre un 25% y un 30%. Eso quiere decir que no podemos prescindir de ella de forma inmediata, asumiendo un coste que supondría que todas las industrias electrointensivas desaparecerían de España y, al mismo tiempo, el recibo eléctrico de todos los españoles subiría de manera importante», ha manifestado.
Por ello, aunque ha comentado que la sociedad española «puede asumir» el coste de la desaparición de la energía nuclear, «pero que se sepa que existe».