Fuente: El Economista
El Ministerio de Industria ha recibido ya las alegaciones presentadas a la consulta pública lanzada sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de ayudas a la adquisición de vehículos de energías alternativas en 2019, el conocido como Plan Movea. En la consulta pública, el Gobierno considera que pueden recibir ayudas vehículos de motores eléctricos, de gases licuados de petróleo, de gas natural comprimido y de gas licuado, motos eléctricas y vehículos de pila de combustible.
El presupuesto del Plan Movea 2019 puede rondar los 55 millones de euros, lo que supone un salto excepcional frente a los 16,6 millones del año 2017, pero se espera que pueda incluir, a diferencia de otros años, cuotas por tecnologías.
En los documentos que ha recibido ya el departamento de Reyes Maroto destaca el presentado por la patronal eléctrica Aelec. Las grandes empresas del sector reclaman una rebaja del 21% al 10% para los vehículos de cero emisiones y así permitir equipararlos al precio de compra. Asimismo, la asociación que preside Marina Serrano pide continuidad en las ayudas durante un periodo de cinco años hasta que se equiparen los costes frente a los homólogos convencionales y reclaman también, al igual que el sector del gas, un despliegue de infraestructuras de recarga suficiente. Para lograrlo piden un plan para su desarrollo que debería incluir objetivos para la red principal de carreteras, tales como la instalación de puntos de recarga cada 70 kilómetros y para las poblaciones en función del número del habitantes.
El Gobierno debería establecer unos objetivos mínimos a 2022 que, de no cumplirse, podrían ser desarrollados por las empresas distribuidoras sin consumir recursos económicos del Plan Movea 2019 ni posteriores y que se realice una evaluación teniendo en cuenta la tecnología y el número de matriculaciones. Aelec propone también establecer ayudas que fomenten el esfuerzo en I+D+i para permitir elevar la capacidad de las baterías por encima de los 400 kilómetros en vehículos y rebajar su precio de los 40.000 euros.
Por otro lado, Sedigas y Gasnam piden que el Plan Movea 2019 no prescriba una única tecnología como elección para reducir emisiones en el transporte de modo que todos los tipos de vehículos propulsados por gas natural puedan optar a estas ayudas y en especial aquellos destinados al transporte profesional que apuesten por el transporte sostenible sin que ello conlleve una pérdida de competitividad.
Las gasistas piden incentivar el desarrollo de la infraestructura de gas para facilitar la progresiva incorporación del gas renovable en el transporte y alcanzar los objetivos de descarbonización en todo tipo de vehículos y especialmente en aquellos que no cuentan con alternativa eléctrica, como es el caso del transporte pesado por carretera y el marítimo. El sector pide hacer un análisis coste – beneficio definiendo de este modo la mayor reducción posible en términos de emisiones en base al presupuesto liberado en el Plan y recuerda que un vehículo eléctrico con el mix actual emite 75g/km de Co2, mientras que uno con gas renovable emitiría apenas 5g/km.