La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha presentado ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) sus alegaciones a la propuesta de orden de peajes remitida recientemente por el Ministerio de Industria al regulador, texto «que reduce los parámetros por los que se actualiza la retribución del sector», apuntan los integrantes de la patronal eólica.
Los miembros de la asociación subrayan en sus alegaciones que la normativa «infringe los principios de rentabilidad razonable, seguridad jurídica y confianza legítima». Por otro lado, aseguran estar haciendo todo lo posible para que el «Real Decreto-Ley 2/2013, que elimina la posibilidad de acogerse a la opción de mercado más prima (lo que afecta a más del 80% de los parques eólicos españoles), se tramite como proyecto de ley, lo que permitiría modificar aspectos injustificados y perniciosos para el sector». Para ello, han pedido una reunión urgente con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y han enviado una carta tanto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como a todas las autoridades que pueden tener algo que decir al respecto.
Adicionalmente, desde la AEE argumentan en la documentación presentada ante el regulador «que las empresas de energía eólica efectuaron sus inversiones al amparo del Real Decreto 661/2007, que preveía la revisión de las tarifas, primas, complementos y límites inferior y superior tomando en consideración los costes asociados a cada una de las tecnologías del régimen especial, garantizando siempre unas tasas de rentabilidad razonable. El mismo principio de rentabilidad razonable se consagra en la propia Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. Sin embargo, ninguno de estos principios se ha respetado al fijar los valores que se incluyen en la propuesta de orden, ya que la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de los parques eólicos se reducirá en unos 400 puntos básicos. Ello vulnera además el principio de confianza legítima, lo que contribuirá a alejar la inversión del sector y del país. El cambio del índice de actualización de la retribución propuesto supone un caso de retroactividad pura o propia, al aplicarse desde el 1 de enero de 2013, por lo que vulnera los derechos adquiridos de las empresas e implica una importante reducción en la retribución, con la consiguiente inseguridad jurídica. La financiación de los parques por entidades de crédito se realiza teniendo en cuenta el índice de precios al consumo y la aplicación de un nuevo indicador -la inflación subyacente-, y la reducción de los parámetros supondrá una menor generación de caja, lo que pone en riesgo la capacidad de las empresas para hacer frente a sus obligaciones de pago», advierten los asociados de la patronal eólica.
La viabilidad de los parques, en riesgo
Otro de los asuntos sobre los que los miembros de la AEE llaman la atención es que «cerca del 70% de los parques eólicos españoles está financiado a través de créditos, por lo que está en riesgo su viabilidad. La justificación de la Propuesta de Orden se basa en el impacto de la eólica en el déficit de tarifa, lo que no se sustenta en un análisis objetivo. El Gobierno no ha tenido en cuenta dos factores importantes: el primero, que en 2013 el sector eólico ya iba a contribuir a bajar el déficit tarifario, como consecuencia de la finalización de la Disposición Transitoria 1ª del Real Decreto 661/2007, que supone que todos los parques pasaban el pasado 31 de diciembre a uno de los regímenes económicos previstos en el Real Decreto 661/2007. Esto implica que las primas al sector iban a disminuir en aproximadamente 100 millones de euros en el año sin necesidad de nuevas medidas. Tampoco se tiene en cuenta que en 2012 la eólica generó el 47% de la electricidad del Régimen Especial y percibió tan solo el 23% de las primas. Por todos estos motivos, AEE opina que las medidas tomadas por el Gobierno en relación al sector son inaceptables y debería reconsiderarlas, ya que hacen más daño que los beneficios que generan».
Así las cosas, los miembros de la patronal que preside Rocío Sicre afirman que están «estudiando todas las acciones legales a su alcance, tanto en el ámbito nacional como europeo, para ir contra unas normas que ponen en serio peligro al sector eólico, y que tendrán como consecuencia el cierre de fábricas y la destrucción de empleo. Según los cálculos de la AEE, el impacto de estas medidas, sumado al nuevo impuesto del 7% sobre la generación, mermará los ingresos del sector en unos 600 millones de euros solo en 2013. Sin duda, la eólica es la tecnología más afectada por las medidas del Gobierno».