4 comunidades autónomas aplicarán cambios en 2016 en el impuesto autonómico sobre los carburantes: éstos van desde su eliminación en Castilla y León hasta su implantación en Aragón, pasando por su reimplantación en Navarra y su devolución a los transportistas en Andalucía, según la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que lamenta que las comunidades autónomas sigan actuando de forma “absolutamente unilateral y descoordinada” en la aplicación de estos gravámenes, que no hacen sino provocar efectos “frontera” en las zonas limítrofes entre distintos territorios.
En Castilla y León, el impuesto sobre carburantes estuvo vigente hasta 2014 en su tramo máximo, situado en 4,8 céntimos por litro, y se redujo en 2015 a 1,6 céntimos. A partir del próximo año, quedará suprimido este tramo autonómico. En el caso de Aragón, se había convertido en una de las pocas comunidades autónomas que desde la creación de estos impuestos en 2002 había optado por no aplicar el impuesto sobre carburantes. Sin embargo, en 2016 lo aplicará por primera vez, por un importe de 2,4 céntimos por litro, que podrá ser devuelto a los transportistas y taxistas mediante el mecanismo del gasóleo profesional.
En Navarra, el impuesto estuvo en vigor en 2012 y 2013, y se derogó a partir de esa fecha al considerarse que había provocado una “disminución significativa en el consumo de los productos afectados”. En todo caso, a partir de 2016 volverá a aplicarse el gravamen con un importe de 2,4 céntimos por litro que, como ocurre en el caso de Aragón, podrá ser devuelto a los transportistas y taxistas. En cuanto a Andalucía, la comunidad autónoma que, hasta la fecha, no había establecido el mecanismo de devolución a transportistas y taxistas, a pesar de que el impuesto se encuentra allí situado en su nivel máximo de 4,8 céntimos por litro. Estos colectivos obtendrán la devolución a partir de enero.
A partir del próximo año, las únicas comunidades autónomas que no aplicarán el impuesto autonómico sobre carburantes serán, por tanto, Castilla y León, País Vasco, Cantabria, La Rioja y Canarias. Finalmente, Fenadismer indica que, durante la nueva legislatura, pedirá al Gobierno una política “armonizada” en materia de fiscalidad sobre carburantes a nivel estatal que acabe con las “distorsiones impositivas en función de decisiones regionales arbitrarias” y “contrarias a intereses económicos de los diferentes sectores consumidores”.